La Procuración General del Tesoro recurrió la resolución del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo y ordenó la recomposición salarial y de becas. Rectores del CIN, gremios y estudiantes convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

En medio de una creciente tensión institucional y social por los recursos para la educación pública, la Procuración General del Tesoro apeló formalmente el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión oficial de apelar la medida busca frenar la ejecución de los giros presupuestarios, al tiempo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones estudiantiles y sindicatos docentes confirmaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.

La estrategia de la Procuración del Tesoro

La presentación judicial elaborada por el equipo legal del Ejecutivo plantea la suspensión de la medida cautelar argumentando restricciones presupuestarias y competenciales:

• Sostenibilidad fiscal: El Palacio de Hacienda y la Procuración argumentan que la ley no especifica la fuente de financiamiento explícita, vulnerando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, y sostienen que cualquier readecuación de partidas debe ser aprobada por el Congreso dentro del debate del Presupuesto.
• Pedido de efecto suspensivo: La apelación solicita que la resolución del magistrado quede en suspenso hasta tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal —y eventualmente la Corte Suprema— se pronuncie sobre la cuestión de fondo.
• Estatus de partidas: Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la Casa Rosada ya envió el proyecto de presupuesto con un incremento de partidas educativas para el próximo ejercicio, rechazando la imposición de plazos judiciales para actualizar haberes.

El fallo del juez Cormick y los puntos en disputa

La resolución de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 había invalidado el decreto reglamentario con el que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la norma:

• Actualización salarial (Art. 5): Obliga al Ejecutivo a recomponer los sueldos de los docentes y nodocentes universitarios con un ajuste equivalente a la inflación acumulada, contemplando las negociaciones paritarias del sector.
• Garantía de becas (Art. 6): Dispone la actualización técnica e incremento de los montos asignados a los programas de becas estudiantiles, como las Becas Manuel Belgrano y el Progresar.
• Declaración de inconstitucionalidad: El magistrado entendió que la reglamentación del Ejecutivo operaba en los hechos como un veto parcial encubierto sobre una norma que ya había sido ratificada por el Poder Legislativo.

Reacción de la comunidad académica y convocatoria masiva

La respuesta de las autoridades universitarias y de los sindicatos fue inmediata tras confirmarse la apelación de la Casa Rosada:

«Sostendremos el reclamo en las aulas, en la Justicia y en las calles. La apelación del Gobierno demuestra la falta de voluntad para cumplir con una ley ratificada por el Congreso. Por eso, el 15 de octubre nos movilizaremos masivamente en todo el país en defensa irrenunciable de la universidad pública», expresaron desde la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional.

• Frente gremial y social: La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto a los gremios docentes CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, ratificaron el paro de actividades y la organización de la marcha hacia la Plaza del Congreso.
• Adhesión de las centrales obreras: Tanto la CGT como ambas vertientes de la CTA anunciaron que acompañarán la jornada de protesta en el marco del plan de lucha convocado para la segunda quincena de octubre.