El Ejecutivo porteño respaldó los cambios legislativos que eliminan los grises legales para combatir a los cuidacoches ilegales. Con la nueva normativa, la Policía de la Ciudad podrá actuar de oficio y detener a los infractores sin necesidad de una denuncia por extorsión.

 El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió un contundente mensaje a quienes ejercen la actividad de cuidacoches y limpiavidrios informales en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras lograr la aprobación parlamentaria para modificar el Código Contravencional, el mandatario capitalino aseguró que la nueva normativa pondrá fin a las disputas de poder en el espacio público mediante la aplicación directa de penas de arresto.

«Si sos trapito, te meto preso», disparó con dureza el titular del Ejecutivo de la Ciudad, remarcando el cambio de paradigma que comenzará a regir en territorio porteño. Macri explicó que la ley sancionada por la Legislatura busca desmantelar los esquemas de organización informal que suelen adueñarse de las veredas y calzadas, afectando la convivencia ciudadana y la libre circulación de los automovilistas.

Herramientas directas para las fuerzas de seguridad

La modificación central aprobada por los legisladores destraba el principal obstáculo operativo que argumentaban tener los efectivos de la Policía de la Ciudad. Anteriormente, la tipificación de la falta exigía comprobar que el cuidacoches obligaba o amenazaba al conductor para exigir un pago a cambio de estacionar.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo texto legal, el panorama operativo cambia radicalmente:

• Actuación de oficio: La policía ya no requiere de un damnificado que radique una denuncia formal en la comisaría ni de testigos presenciales para proceder al arresto.

• Contravención por permanencia: El mero ofrecimiento de la actividad no autorizada en la vía pública constituye una falta flagrante y causa suficiente de imputación.

• Foco en eventos masivos: Los castigos económicos y los días de arresto se endurecerán notablemente cuando la contravención ocurra en zonas de alta afluencia debido a recitales, partidos de fútbol o espectáculos culturales masivos.

«Se terminaron las excusas y las interpretaciones ambiguas en las fiscalías. El espacio público pertenece a los vecinos y el control del estacionamiento corre por cuenta del Estado, no de particulares», sostuvieron fuentes de la Jefatura de Gobierno.

Repercusiones políticas

Aunque la sanción legislativa contó con los votos necesarios aportados por el interbloque oficialista y sectores aliados, la medida abrió debates en el arco político opositor. Diversos legisladores señalaron que el endurecimiento punitivo no resuelve las problemáticas socioeconómicas de fondo. En respuesta, desde el Ministerio de Seguridad porteño enfatizaron que el foco de la ley está puesto en resguardar el orden público y combatir las estructuras organizadas que lucran de forma ilegal en los barrios de la Ciudad.

 Los primeros despliegues de control bajo la nueva normativa se concentrarán en los corredores comerciales de mayor actividad nocturna y en las inmediaciones de los estadios de fútbol, donde las denuncias vecinales por extorsiones tarifarias han sido recurrentes durante los últimos meses.