A través de la Autoridad del Agua (ADA), el Gobierno bonaerense reglamentó un nuevo marco normativo dirigido a urbanizaciones cerradas, clubes de campo y complejos residenciales similares. La medida busca regularizar la utilización del recurso hídrico, el vuelco de efluentes cloacales y el control de las perforaciones subterráneas en estos emprendimientos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires formalizó la creación de un régimen específico destinado a regular, fiscalizar y cobrar tasas y cánones hídricos a los barrios privados, clubes de campo y demás urbanizaciones cerradas del territorio bonaerense. La iniciativa se implementó a través de una resolución de la Autoridad del Agua (ADA), el organismo autárquico que ejerce la planificación y el control de los recursos hídricos en la provincia.

La nueva normativa alcanza a todos los complejos residenciales consolidados o en vías de desarrollo que hagan uso intensivo del agua subterránea o superficial, así como a aquellos que posean sistemas propios de tratamiento y evacuación de residuos líquidos. El objetivo de la administración provincial es dotar de un marco de transparencia a la explotación del recurso y equiparar las obligaciones tributarias con las de otros sectores productivos y residenciales comunes.

Los ejes principales de la regulación

El esquema impositivo y de control diseñado por la ADA establece pautas obligatorias que las administraciones de los countries e intermediarios deberán registrar y declarar de manera periódica:

• Canon por explotación del recurso: Se fijará un valor por la extracción de agua destinada al consumo humano, riego de espacios comunes, canchas de golf o llenado de espejos de agua artificiales.

• Tasas por vuelco de efluentes: Los barrios que cuenten con plantas de tratamiento cloacal propias o realicen vertidos en cuencas hídricas deberán abonar una tasa proporcional al volumen y grado de afectación ambiental del vuelco.

• Empadronamiento de perforaciones: Se exigirá un censo y una declaración jurada de todos los pozos de captación de agua activos dentro de los perímetros de las urbanizaciones.

«Este régimen busca no solo una regularización fiscal y un incremento en la recaudación provincial, sino también establecer un control ambiental estricto sobre las napas de agua y el impacto del crecimiento urbano no planificado sobre los humedales y cuencas», explicaron fuentes técnicas ligadas al organismo regulador.

Las administraciones de los complejos residenciales tendrán un plazo perentorio para adecuar sus instalaciones hídricas, presentar los planos correspondientes y declarar los medidores de caudal exigidos por la autoridad de aplicación. La falta de cumplimiento de los requisitos o el ocultamiento de pozos de extracción clandestinos dará lugar a la aplicación de severas multas económicas, además de la inhabilitación de los sistemas de provisión internos.

 Con esta medida, la Provincia busca avanzar sobre un sector que históricamente mantuvo grises normativos respecto a la autogestión de sus servicios sanitarios. Se prevé que las primeras auditorías e inspecciones en territorio comiencen a ejecutarse en los distritos con mayor concentración de urbanizaciones cerradas, como los partidos del norte y sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).