El descubrimiento ocurrió en una zona convulsionada por la disputa territorial entre bandas del crimen organizado. Las autoridades investigan una nueva masacre vinculada al control del tráfico clandestino de minerales y al narcotráfico.

Un estremecedor hecho volvió a poner en evidencia la espiral de violencia que atraviesa a Ecuador. Las autoridades locales confirmaron este lunes el hallazgo de ocho cuerpos desmembrados en el interior de un yacimiento de minería ilegal de oro, en una región gravemente afectada por el accionar de grupos criminales.

Escena dantesca y despliegue policial

El macabro hallazgo fue alertado por pobladores de la zona, quienes notificaron a las fuerzas de seguridad tras detectar olores fétidos provenientes de las galerías clandestinas. Personal especializado de la Policía Nacional de Ecuador y peritos forenses de la Fiscalía se desplazaron de inmediato hacia el lugar para rescatar los restos y preservar la escena del crimen.

Según las primeras pericias, los cuerpos presentaban signos de extrema violencia y mutilaciones avanzadas, una modalidad empleada con frecuencia por las estructuras narco-criminales para sembrar terror entre bandas rivales y afianzar su dominio territorial.

La minería ilegal como botín del crimen organizado

El caso reaviva la alarma sobre la expansión de la minería clandestina en distintas provincias del país sudamericano. En los últimos años, el control de los yacimientos de oro no autorizados se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento y lavado de dinero para las bandas criminales y los carteles de la droga que operan en la región.

Estas organizaciones imponen su ley a través de la extorsión a los mineros informales, el cobro de «vacunas» (peajes) y el uso de sicarios para eliminar cualquier intento de resistencia o competencia por el recurso natural.

Investigación en curso y refuerzo de seguridad

La Fiscalía General del Estado abrió una causa penal para avanzar con el proceso de identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN, así como para precisar la fecha exacta en la que se perpetraron los asesinatos.

En respuesta a la gravedad del evento, el Gobierno nacional dispuso un refuerzo inmediato de las patrullas compuestas por las Fuerzas Armadas y la Policía en los accesos a las zonas mineras no reguladas, con el objetivo de desarticular los campamentos ilegales y frenar la ola de violencia que golpea a las comunidades locales.