El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, oficializó sus intenciones de competir por un segundo mandato para el período 2027-2031. El anuncio, lejos de ser una declaración aislada, llegó acompañado de un fuerte paquete de medidas de corte punitivista y desregulador, diseñado para blindar su electorado histórico ante la amenaza latente de que sus socios de La Libertad Avanza (LLA) decidan disputarle el control del distrito.

«Deseo tener cuatro años más de gestión», blanqueó el mandatario, justificando su continuidad en la necesidad de consolidar planes de infraestructura a largo plazo, como la red de subtes y la movilidad urbana. Sin embargo, para sostener esa postulación, el Ejecutivo porteño decidió acelerar a fondo en la agenda de la derecha dura, firmando un decreto de necesidad que limita de manera directa el derecho a huelga de sectores gremiales estratégicos.

La trinchera «antihuelga»: límites al transporte y la basura

En una sintonía fina con las reformas laborales promovidas a nivel nacional por la gestión de Javier Milei, el decreto de Jorge Macri establece la obligatoriedad de garantizar servicios mínimos ante cualquier medida de fuerza, apuntando específicamente a «neutralizar el impacto de los paros».

• Servicio esencial (75%): Las empresas dedicadas a la recolección de residuos fueron encuadradas bajo esta categoría, obligando a los sindicatos a mantener tres cuartas partes de la operatividad durante las jornadas de protesta.

• Importancia trascendental (50%): El transporte público de pasajeros —que incluye colectivos de circulación exclusiva en CABA, el Premetro y cada una de las líneas de subte de forma individual— no podrá interrumpir sus tareas sin asegurar al menos la mitad de su frecuencia habitual.

La respuesta discursiva de Macri buscó apelar al humor social del votante medio: «Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad», sentenció a través de sus canales oficiales.

El «manual» para competirle a los libertarios

La ofensiva del oficialismo porteño no se agota en el frente sindical. En las últimas semanas, el PRO ha intensificado su agenda legislativa y de control público para disputarle las banderas del orden a los libertarios puros.

En ese esquema se inscribe la reciente sanción para endurecer las penas contra los cuidacoches («trapitos»), a quienes Macri vinculó directamente con situaciones de violencia e inseguridad en los barrios. En paralelo, el jefe de Gobierno defendió la flexibilización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en línea con los postulados de desregulación de Federico Sturzenegger, y ratificó su política de desalojos forzosos. «Los que usurpan son el enemigo», definió de forma tajante, al tiempo que reivindicó los controles fronterizos del operativo «Muro» respecto a la provincia de Buenos Aires.

El reverso de la campaña: deudas y vulnerabilidad social

A pesar del despliegue de medidas punitivas y la proyección electoral, la realidad social de la Capital Federal asoma como el principal talón de Aquiles de la gestión. En sus mismas declaraciones, el propio Jorge Macri debió reconocer la gravedad de la crisis económica que asedia a los hogares de los sectores medios y bajos de la Ciudad.

«Cuatro de cada diez personas en la ciudad de Buenos Aires tienen deudas», admitió el funcionario, revelando el nivel de asfixia financiera que dejó el arrastre inflacionario y el freno del consumo.

Asimismo, el jefe de Gobierno reconoció un incremento muy marcado en la cantidad de personas en situación de calle transitando durante el día, un fenómeno social que se ha vuelto postal cotidiana en las avenidas porteñas, aunque estimó que el núcleo duro de personas que pasan la noche a la intemperie se mantiene estable entre las 1.600 y 2.000 personas por noche. Con estas cartas sobre la mesa, el PRO abre juego a una campaña que promete alta polarización y un fuerte conflicto con las organizaciones sindicales y sociales.