El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la cartera de Seguridad denunciaron penalmente los destrozos frente al Congreso tras la 5° Marcha Federal Universitaria. Reportaron 31 detenidos, ocho efectivos heridos y daños al espacio público estimados en 90 millones de pesos.

En la mañana posterior a la masiva movilización educativa a la Plaza del Congreso, el Poder Ejecutivo elevó al máximo el tono político contra los enfrentamientos ocurridos al cierre de la manifestación. Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad calificaron los enfrentamientos de «ataque a la democracia» y denunciaron la presencia de «grupos de tareas» organizados para provocar al cordón policial. En paralelo, el Ministerio de Seguridad radicó una denuncia penal ante la Justicia federal para identificar a los responsables de los desmanes.

La acusación de Educación y la denuncia penal de Seguridad

Las declaraciones de los funcionarios nacionales marcaron la postura institucional del Gobierno respecto a los disturbios frente al Palacio Legislativo:

• Infiltración de «grupos de tareas»: El secretario de Educación, Carlos Torrendell, afirmó que los incidentes no fueron espontáneos: «No estamos hablando de vándalos sueltos, son grupos de tareas organizados. Está claro que hay agrupaciones con la intención recurrente de violar la ley y atacar las instituciones democráticas».
• Presentación en la Justicia: La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la radicación de la denuncia por resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado contra los bienes públicos. La causa solicitará el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para individualizar a los agresores.
• Balance de detenidos y heridos: La jornada dejó un saldo de 31 personas arrestadas (25 por fuerzas federales y 6 por la Policía de la Ciudad) y al menos ocho efectivos de las fuerzas de seguridad lesionados por pedradas y objetos contundentes.

Costos del operativo e impacto en la infraestructura urbana

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y las autoridades de la Ciudad brindaron detalles del impacto patrimonial tras la desconcentración:

«El derecho a manifestarse no puede convertirse en un cheque en blanco para destruir la Ciudad. Limpiar la Plaza del Congreso y reparar los destrozos en baldosas, contenedores y mobiliario público le costará 90 millones de pesos a todos los vecinos», indicaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Intervención de las fuerzas: El operativo conjunto entre Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía Federal incluyó el despliegue de camiones hidrantes y gas lacrimógeno para dispersar a las columnas que arrojaban baldosas y adoquines contra el vallado del Congreso.
• Afectación a la sesión parlamentaria: Los gases lacrimógenos lanzados en la plaza llegaron a ingresar al recinto de la Cámara de Diputados, en momentos donde la oposición no lograba conseguir el cuórum para tratar la derogación del DNU 70/2023.

La respuesta de la UBA y el frente universitario

Desde el ámbito académico repudiaron los episodios de violencia pero rechazaron cualquier intento de deslegitimar la causa de la educación pública:

• Rechazo a la estigmatización: Autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) exigieron identificar y sancionar a quienes cometieron los destrozos, pero advirtieron que una minoría violenta no puede utilizarse para eclipsar el reclamo de cientos de miles de docentes, nodocentes y estudiantes.
• Críticas al operativo de seguridad: Dirigentes gremiales de CONADU y la FUA calificaron la respuesta policial como «completamente desmedida» y sostuvieron que la verdadera solución al conflicto pasa por el acatamiento del fallo judicial que ordena la actualización presupuestaria y salarial.
• Continuidad del plan de lucha: Pese a los desmanes del jueves, los centros de estudiantes ratificaron la continuidad de las clases públicas, tomas de facultades y asambleas permanentes de cara al debate legislativo del Presupuesto 2027.