Cancillería activará los mecanismos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y recurrirá a la Corte Permanente de Arbitraje ante el avance de proyectos hidrocarburíferos unilaterales en la cuenca del Atlántico Sur.

En una firme escalada diplomática por la controversia de soberanía en el Atlántico Sur, el Gobierno argentino anunció que impulsará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido para frenar de inmediato las actividades de exploración y explotación de petróleo offshore en el perímetro de las Islas Malvinas. La presentación busca paralizar los desarrollos energéticos autorizados de forma unilateral por la administración británica en la plataforma continental.

Los fundamentos jurídicos de la demanda

El equipo legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sustenta la medida en el marco del derecho internacional y en resoluciones históricas del foro multilateral:

• Incumplimiento de la Resolución 31/49 de la ONU: La normativa de Naciones Unidas insta a las partes en disputa a abstenerse de introducir innovaciones unilaterales mientras el archipiélago continúe bajo el proceso de negociación de soberanía reconocido por la comunidad internacional.
• Aplicación del Anexo VII de la CONVEMAR: El Palacio San Martín recurrirá a los mecanismos de solución de controversias contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para conformar un tribunal arbitral ad hoc.
• Invalidez de las licencias otorgadas por Londres: Se ratificó la vigencia de la legislación nacional que sanciona con inhabilitaciones operativas y penalidades administrativas a las firmas transnacionales que exploten recursos no renovables en la plataforma continental argentina sin autorización explícita de la Secretaría de Energía.

La postura de Cancillería frente al avance británico

El recurso al arbitraje formaliza una postura de rigor jurídico destinada a bloquear el financiamiento internacional de las operaciones:

«La Argentina agotará todas las instancias jurisdiccionales del derecho internacional para impedir el saqueo ilegítimo de sus recursos naturales. No vamos a convalidar la concesión de licencias unilaterales sobre una plataforma continental cuya soberanía nos pertenece y se encuentra bajo disputa indiscutida.»

El proyecto «Sea Lion» y la respuesta regional

El reclamo de la Casa Rosada apunta a frenar la consolidación del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago:

• Planes de producción masiva: Las petroleras operadoras estiman extraer más de 500 millones de barriles de crudo en las etapas iniciales de la cuenca, proyectando el inicio de bombeo comercial hacia el mediano plazo.
• Apoyo diplomático en bloques regionales: Cancillería elevará el expediente ante la CELAC y el MERCOSUR con el objetivo de reforzar los acuerdos intergubernamentales que prohíben el amarraje y la provisión logística a buques petroleros o de prospección vinculados a la explotación ilegítima en puertos sudamericanos.