El proyecto oficialista busca eliminar las advertencias negras alegando trabas comerciales y distorsiones informativas, mientras que la industria alimenticia pide sintonizar con un criterio único en el Mercosur. Por su parte, más de 300 ONG advierten sobre un «grave retroceso» para la salud pública.

Lunes, 6 de julio de 2026

El debate por la alimentación saludable y las regulaciones comerciales vuelve a instalarse con fuerza en el epicentro de la agenda legislativa. A casi cuatro años de su plena implementación, el Gobierno nacional impulsa un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos (Norma de Promoción de la Alimentación Saludable), abriendo una profunda grieta entre las cámaras empresariales, que consideran al sistema actual un obstáculo burocrático, y los sectores sanitarios, que defienden los octógonos negros como una conquista clave para los consumidores.

Desde el bloque oficialista y sectores aliados de la oposición dialoguista (con legisladores como Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero a la cabeza) argumentan que la ley vigente en la Argentina «demoniza productos» y no cumple eficazmente su rol educativo, proponiendo en su lugar una armonización técnica de criterios con el resto de los países miembros del Mercosur.

Las razones de la industria: «El problema es la herramienta»

La resistencia del sector productivo frente a los sellos negros ha sido una constante desde la sanción de la ley en 2021. En esta nueva instancia, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) ratificó su acompañamiento a la iniciativa de derogación.

La presidenta de la comisión directiva de la entidad, Carla Martín, expuso los principales cuestionamientos de la industria:

• Falta de diferenciación: El sistema actual aplica el mismo sello de «Exceso» a productos con composiciones notablemente distintas. Según la entidad, dos marcas de galletitas pueden tener un 40% de diferencia en grasas saturadas y, aun así, lucir exactamente el mismo octógono negro.
• Obstáculo comercial: Los fundamentos parlamentarios del proyecto oficialista señalan que las exigencias locales actúan como una «barrera técnica al comercio y a la inversión» dentro de la región, dificultando los procesos de exportación e importación con socios clave como Brasil.
• Rigidez en los umbrales: La industria cuestiona que el sistema de cálculo de nutrientes críticos sea excesivamente estricto, provocando que cerca del 85% de los productos procesados en góndola carguen con al menos una advertencia, perdiendo así su efecto de alarma diferencial.

«La industria nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió. El mecanismo actual genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas», argumentó Martín.

Alarma en el sector salud: un «grave retroceso» sanitario

La contraofensiva a la propuesta oficialista no se hizo esperar. Un conglomerado de más de 300 organizaciones sociales, científicas, académicas y sanitarias firmó un documento conjunto exigiendo al Congreso el rechazo de la derogación, alertando que la medida desprotegería a la población frente al avance de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, que afecta a más del 37% de los argentinos.

Los defensores de los octógonos tradicionales sostienen su postura basándose en datos estadísticos y de comportamiento social:

• Eficacia del sello: Encuestas y relevamientos post-implementación detallan que el 55,9% de los consumidores utiliza de forma habitual los sellos negros como referencia directa al momento de realizar sus compras.
• Fracaso del diseño anterior: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), antes de la ley, apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente los cuadros técnicos y la información nutricional en letra chica ubicada al reverso de los envases.
• Protección de la niñez: Las organizaciones recuerdan que la norma no solo regula los envases, sino que prohíbe de forma estricta el ingreso de alimentos con sellos a los kioscos escolares y veta la publicidad de productos perjudiciales dirigida a menores de edad.

El futuro de la normativa alimentaria entra ahora en terreno de negociación de comisiones en la Cámara de Diputados. Con un oficialismo decidido a desregular mercados y un bloque de profesionales de la salud plantados en defensa del «cambio cultural» ya asimilado por los consumidores, las góndolas argentinas vuelven a quedar en el centro de una encendida disputa política y social.