La organización de derechos humanos presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro para frenar la aplicación de un protocolo municipal que obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

La organización sostiene que el protocolo incumple la Ley 27.610 al imponer requisitos y procedimientos que no están previstos en la normativa nacional , transformando el acceso a un derecho reconocido por ley en un circuito lleno de obstáculos.

Entre otras disposiciones, establece como pasos previos –y en algunos casos, obligatorios- consultas psicológicas y con el servicio social, exige ratificar la decisión ya expresada, prevé un manejo indebido de datos personales, compromete la confidencialidad y el secreto médico-paciente, agrega nuevos requisitos para acceder al aborto en casos de riego para la salud y cambia cómo se cuenta el plazo legal de 10 días.

Esto puede provocar demoras injustificadas, influir en la decisión de mujeres y personas gestantes, y dificultar que accedan a la práctica a tiempo.